El Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, anunciado bajo resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, busca regular la protesta social a partir de una obligación de “informar” y esperar “autorización” antes de emprender el recorrido de un corte o piquete. En ese sentido, la Ministra de Seguridad anunció que "no es que se van a prohibir todas las manifestaciones: no se van a prohibir las que estén programadas y se avisa cuál es el recorrido”.

Si el recorrido de una manifestación o el lugar de un corte, si la cantidad de manifestantes o el tiempo a realizarse es considerado “no apropiado” por parte de los funcionarios de gobierno y tras 5 o 10 minutos de negociación con los involucrados, la situación se resuelve “positiva o negativamente”, se procederá a la “deposición, desalojo o disolución” de la movilización convocada. Y en caso de negarse, se considerará que los manifestantes cometieron delitos en flagrancia de acuerdo al Código Procesal Penal.

Sin entrar en el infinito debate sobre cuál de todos los derechos reconocidos constitucionalmente es más importante, en todas las disposiciones del Protocolo se revela un problema mucho más profundo y grave: la forma que tiene el Estado de entender y tratar la protesta social. En nuestra opinión, creemos que este Protocolo es una pieza más de un largo conjunto de medidas públicas que esconde una forma reduccionista y racista de entender la protesta.

 

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La política de seguridad desplegada en la Provincia de Córdoba constituye una cuestión de interés público. Múltiples denuncias e impugnaciones señalan el carácter arbitrario y estigmatizante de sus prácticas, así como también el abuso policial y la corrupción que trae aparejados.

El objetivo del análisis aquí realizado es mostrar dos aristas principales de la situación actual en la Provincia. Por un lado, exponer el gasto en seguridad estipulado en el Presupuesto previsto para el año 2015 por el Gobierno de Córdoba y su comparación con gastos en servicios sociales. Teniendo en cuenta el gasto público, cuantitativamente hablando, el Estado provincial otorga mayor importancia relativa a las erogaciones vinculadas al área de Seguridad que a otros rubros como Educación y Salud. Conforme a ello, mientras en “Servicios de Seguridad y Justicia” la variación presupuestaria anual fue del 54,5%, en “Salud” fue del 44,1% y en “Educación inicial y primaria” fue del 9,6%. 

Si además se atiende al gasto privado, segundo objeto de este documento, se advierte que las familias u hogares destinan gran parte de sus ingresos a la adquisición de bienes o servicios de manera preventiva para su protección y seguridadTal es así que, en base a un cálculo estimativo de las erogaciones promedio mensual realizadas por hogar en materia de bienes o servicios preventivos para su protección y seguridad alcanza el valor de $1.750.

Esto se realiza con la pretensión de poder extender el análisis a otras provincias que presentan problemáticas similares en el planteo de sus políticas de seguridad, en miras de aportar soluciones para superar sus falencias. Con los datos relevados, se advierte que el volumen de gastos conjuntos del sector público y privado en esta materia constituye un indicador consistente de la inefectividad de las estrategias desarrolladas a fin de prevenir y contener los hechos de violencia e inseguridad. A su vez, pone en evidencia la sensación o percepción de riesgo e inseguridad que vive nuestra sociedad.

Frente a esto, resulta menester realizar una evaluación urgente, consciente y comprometida de las políticas hasta ahora implementadas que hacen eje en la cuestión represiva sin mostrar resultados relevantes. 

 

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Desde hace un tiempo ya la violencia es tratada en plural, discriminando según su tipo y agentes. Así tenemos una multiplicación de formas de violencia tratadas como fenómenos específicos que si bien, no hay que desconocer, lo provechoso del trabajo circunscripto en cuanto a profundidad; también invisibilizan la naturaleza común de estas múltiples variantes. Así vemos abrirse campos de estudios y legislación específica sobre violencia de género, violencia doméstica, violencia institucional, etc.

Si como decíamos es cierto que la especificidad gana en cuanto a profundidad también pierde en relación de un tratamiento integral de la violencia. Desde esta perspectiva podríamos atacar la raíz de tales actos criminales, al reconocer la naturaleza compartida en matrices tales como el patriarcado, la clase y la dictadura.

Ciertamente en la intersección de estas arraigadas matrices de organización social y política se organizan el conjunto de acciones violentas cuya distinción es sólo necesaria para definir su abordaje. Lo real es que si no se desmontan tales ideologías el proceso de transformación de los patrones de violencia tendrá un cambio muy lento.

Particularmente interesa aquí hablar sobre eso que se ha dado en llamar violencia institucional, y que ha sido definido por los organismos de DD.HH como: “prácticas estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.)”. 

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La estructura de este informe que versa sobre el "paradigma securitario" vigente en la provincia de Córdoba es la siguiente: el primer apartado analiza la legislación vigente; el segundo presenta los datos más significativos respecto de la criminalización de la pobreza; el tercero analiza la judicialización de la protesta y las luchas políticas/sociales; mientras que el último apartado aborda de manera específica la judicialización de las luchas por la tierra.

Los datos analizados proceden de dos tipos de fuentes: la primera es el resultado de la observación permanente que realiza este equipo de investigación sobre el registro que efectúa la prensa escrita local sobre conflictos político/sociales; los segundos, provienen del análisis de un conjunto de causas judiciales de la provincia a las que tuvimos acceso. En consecuencia, los datos tratados son indicativos, pues es factible que exista un sub-registro a raíz de que el informe solo alcanza a aquellos conflictos de los que se ha hecho eco la prensa y puede, por lo tanto, no ser exhaustivo. Respecto de las causas judiciales es claramente un muestreo intencional.

En consecuencia este informe ofrece un análisis descriptivo e indicativo de los modos y procedimientos dispuestos en relación al problema de la inseguridad.

 

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REPERCUSIONES Y COBERTURA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

"La disputa por la tierra, en el foco de la represión estatal" - Cba24n tras la participación de integrantes del Llano en el programa "Justicia Legítima" emitido el 21/06/2014.

"Sectores populares y "villas", el principal objetivo de la policía cordobesa" - Agencia Télam (23/06/2014).

"Detienen a 7 personas por día en <operativos saturación>” - La Mañana de Córdoba (23/06/2014).

"Detienen a 7 personas por día en <operativos saturación>" - Miramar Diario (23/06/2014).

"Casi la totalidad de los operativos <saturación> de la Policía se realizan en villas" - Telediario Digital (24/06/2014)

"Villas y sectores populares, los más buscados por la Policía" - Hoy Día Córdoba (24/06/2014).

"Según un estudio, la seguridad en Córdoba es <discriminatoria>" - InfoNews (24/06/2014).

"Un Estado presente, pero a palazos" - Página/12 (10/07/2014) 

 

El presente informe constituye un documento preliminar de una investigación de mayor alcance denominada: “Territorios en Disputa. Un estudio sobre los conflictos territoriales urbanos y rurales en la Provincia de Córdoba”, que se articula con otro proyecto denominado: “Apropiación / expropiación de territorialidades sociales. Análisis comparativo de procesos de erradicación / relocalización de sectores sociales empobrecidos en ciudades argentinas”.

Informe del Colectivo de Investigación El Llano en Llamas ante los desalojos y detenciones ocurridas en la Provincia de Córdoba en el marco de la toma de tierras en distintos lugares de la provincia durante los meses de marzo y abril.